Cuando empecé este espacio me prometí a mí mismo no hacer lo que encontrarán en está columna. Pero las últimas circunstancias no pueden ser indiferentes frente a mi escrito semanal e incluso hoy se concreta lo que muchos ya esperaban, hoy saldré en defensa de Álvaro Uribe Vélez. Pero no saldré a defenderlo por su labor como presidente o bajo la premisa de los terroristas en el congreso y él pagando con su libertad. Mucho menos con argumentos fanáticos como los de Matador en Semana. Hoy les dejaré muestra implícita de las contradicciones jurídicas e irregularidades sustanciales en el debido proceso que conllevan a una decisión desproporcionada y política.
Empezando por algo nunca visto, un auto de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de 1554 páginas que, en palabras de varios juristas, no hace más que tratar de justificar lo injustificable. Dentro del documento emitido por la Corte Suprema se debía contestar sí o no a la detención preventiva y justificarlo jurídicamente. Era así de sencillo, pero los magistrados se dedicaron a relatar sucesos externos y del acervo probatorio haciendo graves afirmaciones como “la conducta delictual de éste” o “una colaboración a la conducta antijurídica del senador”, donde se prejuzga al exmandatario.
No existe en el auto un sólo fundamento legal para orientar la detención preventiva o alguna explicación de por qué otra medida de aseguramiento diferente no hubiese sido igual de eficaz. Una vez estudiada cada una de las 1554 páginas queda evidente que tan extenso auto es un malabarismo jurado para enredar al lector con ausencia de pruebas y ligereza en contenido argumentativo en derecho. Lo más preocupante es que tras su lectura se vuelve claro que esto no es un auto sino una “sentencia” condenatoria, un absurdo completo en esta instancia del proceso, una muestra de la parcialidad. Una violación al debido proceso y derecho de defensa que debería provocar una nulidad total del proceso.
Tampoco se respeta el principio de la presunción de inocencia. Un principio básico en el derecho penal que al parecer los honorables magistrados dejaron en el olvido. La primera afrenta se da en el comunicado de la Corte donde asume que en libertad el senador será una obstrucción para la justicia. Desde el 2018 el expresidente ha cumplido todos los llamamientos de la justicia como prueba de su colaboración en el proceso y la búsqueda de la verdad. El principal argumento para la privación de libertad se da por la posibilidad de que en libertad Álvaro Uribe pueda vulnerar el material probatorio, pruebas que no sólo ya reposan en la Corte, sino que también ya fueron recibidas y analizadas por los magistrados que dictaron la medida. La medida dictada casi un año después de la indagatoria parece más una medida vengativa que preventiva.
Las pruebas son ilegales y sus justificaciones son simplemente ridículas.
Desde el comienzo las cosas no son claras, ¿cómo puede la Corte iniciar una investigación sin una sola prueba? El magistrado Barceló, que no estaba en competencia de investigar a Uribe Vélez, inicia el proceso el 16 de febrero del 2018 pero la primera prueba en contra llega hasta el día 21. Las 22 mil interceptaciones ilegales, que tienen justificación contradictoria por los magistrados, no hablan de testigos o soborno alguno. Y no, querido Matador, Álvaro Uribe no estaba utilizando el teléfono de Nilton Córdoba. Tampoco se justifica, ni se da prueba de las solicitudes al INPEC sobre el famoso reloj que grabó al abogado Cadena reunido con Juan Monsalve, estas grabaciones tampoco deberían ser admitidas por el tribunal. Esto nos lleva al testigo central, Juan Guillermo Monsalve, un delincuente común, narcotraficante, que por más que se tilde así mismo de paramilitar la cerrada de puertas en Justicia y Paz y la JEP demuestran lo contrario. Testigo que recibe inexplicables beneficios, sin una versiona clara de los hechos; que, a pesar de tener un dispositivo de grabación, sólo lo utilice en una de las supuestas múltiples reuniones con Diego Cadena, grabación que por cierto no incriminan a nadie. ¿Si Monsalve no es paramilitar por qué la investigación lo pone como testigo estrella? ¿Si su versión no es coherente en una línea del tiempo, por qué deciden escucharlo a él y no otros testigos como El Tuso Sierra? ¿Por qué la carta de Enrique Pardo, que habla sobre las mentiras de Monsalve y su relación con Cepeda, la Corte no la tomó en cuenta? Es tan evidente el juicio anticipado en el auto emitido por la Sala de Instrucción que la misma defensa decidió no presentar un recurso de reposición porque no será “un remedio judicial efectivo” que felicitaría la legitimación de una injusticia.
La prensa ha jugado un rol importante en el caso y la presión mediática esta inclinado en contra del expresidente. Por eso mismo es preocupante ver como desde ya hace dos años se han dado múltiples filtraciones en la prensa, especialmente en las columnas de Daniel Coronell y el diario El Espectador. Queda claro que lo que reluce en la opinión pública son filtraciones selectivas y descontextualizadas, buscando tergiversar el contenido veraz del acervo probatorio, generando controversias entre los colombianos. Del otro lado salió la Corte justificándose, diciendo que existe “una gran cantidad de material probatorio, contundente contra el senador”, si es así se debe abrir por completo la reserva del sumario, que esto sea un caso público como lo pide la defensa.
Quedan muchas incógnitas del proceso. ¿Por qué el magistrado José Luis Barceló investigo ilegalmente a Uribe, cuando esto era competencia dela Sala de Instrucción? ¿Por qué no se toman las declaraciones del Tuso Sierra hechas por Lisa Ruth? ¿Por qué la Corte tiene tan en cuenta la carta de Monsalve y no la de Enrique Pardo? ¿Por qué Monsalve impide su traslado a Valledupar y recibe beneficios el mismo día que entrega la carta, base de la investigaciónn? ¿Por qué si Cepeda se reunió nueve de veintiún veces solicitadas con Monsalve a él se le archiva el proceso? ¿Por qué Cepeda tiene derecho a versión libre y Uribe no? ¿Por qué Coronell tiene tanta información? ¿Está filtrando la Corte Suprema pruebas de la fiscalía a periodistas, si es así, por qué no hacen el expediente publico? ¿Será este plan contra Uribe lo que denunciaba hace unos día el ex magistrado Ricaurte como el “cartel de la toga dos”?
Es hora de dejar el fanatismo aún lado y analizar esto críticamente, estas son preguntas que deberíamos estar haciéndonos todos los colombianos para que la Corte Suprema de Justicia demuestre que está actuando en derecho y no bajo influencias políticas. Ahí les dejo.
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